Plan de desmantelamiento para el INTA, derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, intervención para el INFACI, acefalía para el Instituto de la Yerba Mate y sigue…
El pasado octubre, el Programa de Estudios Regionales y Territoriales (PERT) del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Rosa Luxemburgo presentaron el informe “Rascar la olla”, un análisis sobre el desmantelamiento de las políticas agroalimentarias en los primeros 9 meses de gobierno de Milei. El informe identifica 108 medidas en detrimento de la producción y del acceso a alimentos. Las novedades del último mes indican la profundización de esta política de hambre y concentración, así como la emergencia de resistencias que entrelazan demandas urbanas y rurales.
Rascar la olla ¿Qué pasa con nuestro alimento?
Como se puede leer en el informe completo, en los primeros 9 meses el gobierno implementó 108 medidas en detrimento del derecho a la alimentación. Ello se dio en el marco de un conjunto de medidas macroeconómicas que incluyeron: devaluación de la moneda (110% tan solo en diciembre, 145% hasta agosto), desregulación económica y reducción generalizada del gasto público. Los efectos directos se han notado en el aumento excesivo de tarifas y combustibles (202,6% nafta y 198,5% gasoil entre noviembre y julio), en la caída de la actividad económica (entre 4 y 8% mensual), los salarios (-19% real) y las jubilaciones (-5% real) que no llegan a cubrir la canasta básica.
Entre las principales tendencias que señala el informe, se destaca la promoción de la actividad para la exportación de commodities, la desregulación de las economías regionales y la eliminación de políticas para la agricultura familiar campesina indígena (AFCI). Esto ocurre en paralelo a la desregulación del mercado de alimentos y al recorte de transferencias para alimentación o con contraprestación laboral dirigidas a espacios comunitarios y cooperativos. Las únicas 3 políticas que se reforzaron son AUH, la AUE y el Plan de los 1.000 días.
Entre las políticas identificadas en el informe, se destaca la sanción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a grandes proyectos forestoindustriales, turísticos, de infraestructura, tecnología, energía, minería y siderurgia. La Ley de Tierras Rurales que limita su concentración y extranjerización intentó derogarse. Sin embargo, hasta el momento se encuentra frenada por una cautelar solicitada por Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata.
El Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) fue intervenido y los históricos programas Cambio Rural y Prohuerta desfinanciados y cerrados. Prohuerta llevaba más de 30 años apoyando huertas y granjas comunitarias, escolares y familiares con semillas y asesoramiento técnico. También fueron derogados el Régimen de Entregas de Azúcar para Consumo en el Mercado Interno, las facultades del Ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para establecer precios mínimos y la Ley Ovina, entre otras economías regionales que sufrieron desregulaciones. Mientras, se abrieron las importaciones de alimentos.
Respecto al acceso a alimentos, derogó la Ley de Abastecimiento, un instrumento para evitar especulaciones en la oferta y la fijación de precios, y la Ley de Góndolas que garantizaba espacio en los supermercados para productos de PyMEs y agricultores familiares. Se discontinuó el Fondo Estabilizador del Trigo, un fideicomiso que subsidiaba la harina para consumo interno, y eliminaron otras 69 resoluciones y disposiciones relacionadas con el control de precios, abastecimiento y requerimientos de información al consumidor.
Los Programas Potenciar Trabajo+Nexo, que complementaban los ingresos de 1.273.268 trabajadores de la economía popular y la AFCI organizados en cooperativas fueron eliminados y reemplazados por Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, sin contraprestación laboral. Además de esta reorientación asistencialista, la reestructuración fue acompañada de un recorte del ingreso de 71,4% real entre noviembre y julio. Los programas de apoyo económico a estudiantes (Progresar), mujeres que sufren violencia de género (Acompañar) y acceso a garrafa (Hogar) sufrieron fuertes recortes.
Foto: MTE Argentina
Como resultado, el precio de los alimentos aumentó 128% entre noviembre y julio, posicionando a Argentina como líder en el ranking de inflación nominal de alimentos del Banco Mundial. Para hacer más tangible este aumento, el informe calcula que en julio, con un Salario Mínimo Vital y Móvil, se podían cocinar un 28% menos platos de guiso que en noviembre. El consumo se redujo en promedio un 16%. Un 31% de los hogares recurrió a préstamos o compras fiadas en comercios para adquirir alimentos, y un 41% utilizó sus ahorros para gastos corrientes. La inseguridad alimentaria moderada creció 11,2 puntos porcentuales y la grave 6,2, tal como indican los valores de pobreza (52,9%) e indigencia (18,1%) del primer semestre.
Mientras tanto, las empresas alimentarias incrementaron sus ganancias en un 1.300% y el complejo exportador de granos un 4.900%, lo cual rebate rotundamente el mantra del gobierno acerca de que “No hay plata”.
No para. Las resistencias tampoco
Las novedades del último mes indican una profundización de la política de hambre y concentración descrita en el informe Rascar la Olla, pero también la emergencia de diferentes resistencias que entrelazan demandas urbanas y rurales.
Informe Rascar la olla
El 21 de noviembre se dio a conocer el plan del presidente y vice del INTA (ambos vinculados a AAPRESID), que incluía 1000 despidos, venta de campos de las experimentales, desmantelamiento del parque automotor, cese de becas, intimación a quienes alcancen la edad jubilatoria, eliminación de 4 gerencias y designación de gente afín. Ante la llegada de los primeros 227 despidos, el 28 de noviembre más de 300 personas se manifestaron en la puerta de la sesión del consejo directivo, que terminó suspendiéndose por falta de quórum. Al día siguiente se aprobó un plazo para evaluar la “adecuación” la planta de personal hasta el 15 de febrero, la venta del edificio de INTA Cerviño, de tierras en la provincia de Salta y la creación de 4 cargos de asesores afines.
Uno de esos asesores es Inés Liendo, quien también está a cargo de la intervención del INAFCI. La funcionaria debía informar el estado de situación del instituto, pero solo se limitó al despido de 900 trabajadores y vaciamiento de las oficinas. Precisamente, el 17 de diciembre, casi una veintena de organizaciones de la AFCI se manifestaron frente al Congreso de la Nación exigiendo al Poder Legislativo que intime al Ministro de Economía a presentar el informe pendiente, y reclamaron el cumplimiento de la Ley de Agricultura Familiar, a diez años de su sanción.
Inés liendo interventora del INAFCI
Paralelamente, desde principios de diciembre, los yerbateros vienen llevando a cabo acampes y cortes de ruta en reclamo por el precio de la hoja. Como ya señalaba el informe Rascar la Olla, la desregulación impulsada por el gobierno provocó una caída en la participación del productor en el precio final de la yerba, pasando del 12% en marzo de 2023 al 5–8% en junio de 2024. Mientras tanto, en góndola, entre noviembre y julio, el precio aumentó un 111%. Si bien el amparo presentado por organizaciones de Misiones y Corrientes logró frenar la derogación de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate para fijar precios mínimos, este se mantiene paralizado debido a la falta de asignación de autoridades. La lucha continúa.
Por otro lado, el 10 de diciembre, el gobierno derogó la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que suspendía los desalojos de todas las comunidades hasta que se completara el relevamiento de sus tierras ancestrales. El decreto reconoce que existen más de 250 conflictos territoriales, pero decide favorecer a “los legítimos propietarios”. Esta medida está en clara sintonía con el RIGI, el intento de derogación de la Ley de Tierras y la escandalosa noticia de los últimos días, según la cual la transnacional canadiense Barrick Gold lleva siete meses sin pagar retenciones por el oro que exporta, gracias al vacío legal permitido por el Ministro de Economía, Caputo, quien no actualizó las alícuotas.
Para concluir con una victoria, los primeros días de diciembre, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, acató la medida cautelar solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Tras meses de maniobras y luego de ser intimada con una causa penal por un juez, incorporó al Programa Alimentar Comunidad los 66 comedores y merenderos de la Asociación El Amanecer de Los Cartoneros, donde comen unas 10.000 personas.
En definitiva, la política de hambre y concentración del gobierno de Mieli continúa. Las tendencias identificadas en el informe Rascar la Olla se han profundizado en el último mes. La seguridad y la soberanía alimentaria de nuestro pueblo están en juego, pero las resistencias tampoco se detienen. La pregunta es: ¿cómo continuaran las luchas alimentarias y ambientales que reúnen a trabajadores rurales y urbanos?
