La sanción del nuevo régimen penal juvenil no implica solamente una baja en la edad de punibilidad. Tampoco puede reducirse a las estadísticas delictivas, que poco dicen sobre la vida de los pibes y pibas de nuestros barrios. No quiero detenerme en que los delitos cometidos por menores de edad en la provincia de Buenos Aires representan el 2,25 % del total, según el Ministerio Público Bonaerense. Me interesa, en cambio, poner el foco en la realidad de muchos de los pibes y pibas a quienes hoy alcanza el sistema penal.
En ese sentido, la flamante ley 27.801 establece que cualquier adolescente, a partir de los 14 años, que cometa una acción tipificada como delito en el Código Penal puede ser penado. A diferencia del régimen anterior, esto incluye también delitos menores, como hurtos simples, amenazas leves, daños menores y lesiones leves.
Pero para comprender el alcance de esta modificación es necesario mirar también las condiciones en las que viven muchos de esos adolescentes. La realidad de los barrios que habitan no deja de ser cruel y agotadora, y está atravesada por incertidumbres y violencias. Son barrios signados por la precarización laboral de las familias, el aumento del desempleo, el rebusque y las changuitas, el endeudamiento feroz y el acoso de las apuestas online. A eso se suma el agobio de pibes y pibas que pasan casi todo el día solos debido al pluriempleo de sus padres y madres, y la violencia barrial que los aqueja cotidianamente.
La enorme mayoría de pibes que hoy tienen contacto con el sistema penal, que habitan los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado (los mal llamados institutos de menores) tienen sus derechos vulnerados desde muy temprana edad. Muchos de ellos tuvieron su primer contacto con el Estado debido a una medida penal. Se trata de pibes que quizá acceden a su primer control de salud luego de caer detenidos; se trata de pibes que quizá interrumpieron su trayectoria escolar hace muchos años y nadie fue a buscar; se trata de pibes que en lugar de jugar a la pelota en la plaza, salían a changuear con sus viejos; se trata de pibes que quizá empezaron a consumir tusi a los 11 años.
¿Qué pasa con un pibe que se agarra a las piñas a la salida del colegio? ¿El abordaje ya no será escolar sino penal?. Es necesario y urgente que pensemos qué tipo de intervención queremos brindarle a los pibes y pibas.
La aplicación de esta nueva ley trae otras preocupaciones, que tampoco son nuevas. ¿A dónde van a parar los pibes a los que se les aplica una pena privativa de la libertad? Esta ley se aprobó en un contexto de recrudecimiento de los discursos punitivos, pero también de profundización del ajuste de los sectores del Estado.
El colapso de los dispositivos y la criminalización de las madres
Los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado son dispositivos que hoy no cuentan con la infraestructura necesaria para sostener el alojamiento y acompañamiento de pibes y pibas con medidas penales. Son los mismos que muchas veces no tienen agua, luz, comida en buen estado, colchones limpios y equipos profesionales que acompañen las trayectorias de los adolescentes. Estos mismos Centros son los que van a estar aún más colapsados con la ampliación del universo: más pibes, cada vez más chicos. Los trabajadores y trabajadoras de estos espacios, aquellos que tampoco llegan a fin de mes, se verán aún más precarizados, con más tareas y más pibes que acompañar, supervisar, controlar, sin que eso signifique un aumento de los recursos disponibles. Los trabajadores y trabajadoras de los dispositivos y programas alternativos al encierro, y las familias, por su parte, deberán hacer malabares y aumentar su creatividad para garantizar aquello que los juzgados imponen como medida: atención de la salud mental en un contexto de imposibilidad de conseguir turnos y colapso de las instituciones sanitarias; asistencia a la escuela en instituciones expulsivas que no garantizan las vacantes; entre otras.
Y hablando de las familias, aparece otro dato no menor: el nuevo régimen penal juvenil contempla la aplicación de la responsabilidad civil de los padres del adolescente, o mejor dicho, madres. Sabemos que en los barrios populares muchos pibes se crían en hogares monomarentales; y en aquellos hogares nucleares (dos progenitores), las encargadas de acompañar los procesos judiciales en su inmensa mayoría son mujeres. Mujeres que tienen varios empleos y changas para bancar la olla, que se hacen cargo solas de sus hijos, y que a eso se les sumará la responsabilidad civil por los actos cometidos por sus hijos adolescentes. Esta ley criminalizará a las mujeres, pero sobre todo, a las mujeres pobres.
¿Por qué nos preocupa más un pibe que roba un celular que un pibe que no va a la escuela? Esto demuestra una y otra vez que el Estado llega tarde, si es que llega. Es fundamental reforzar una y otra vez que queremos un Estado Social antes que un Estado Penal.
Cuando el Estado no tiene pensado hacerse cargo de su ausencia en la vida de los pibes, aparece la culpabilidad y el señalamiento de “mala madre” a quienes crían como pueden, a quienes crían con lo que tienen; a quienes sostienen lo insostenible. No hay presencia del Estado para garantizar un trabajo estable con un ingreso salarial digno, para garantizar una red de cuidados, pero sí para responsabilizar y sumar otra carga más a las madres de los pibes. Aquellas que hacen malabares para trabajar, llevar a sus hijos al colegio, asistir a las reuniones en la escuela, realizar las tareas del hogar, llevarlos al hospital, ahora también deben acompañar a sus hijos adolescentes al juzgado, visitarlos en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado, llevarles comida, hablar con su defensor, asistir a las entrevistas con los/as profesionales, y ahora también, hacerse responsable civilmente del delito. Tarde. El Estado otra vez llegando tarde.
En definitiva, la implementación de este nuevo régimen penal juvenil expone una profunda contradicción social y estatal: se endurecen las penas y se baja la edad de punibilidad, pero se vacían las herramientas de prevención y de inclusión que podrían garantizar un futuro digno para pibes y pibas. El Estado, ausente a la hora de garantizar infancias con derechos, escuelas que cobijen, salud mental accesible o trabajos dignos para las familias, reaparece tarde y únicamente bajo su faceta punitiva. En lugar de ofrecer soluciones, la ley profundiza los colapsos estructurales: satura dispositivos de encierro sin recursos, precariza aún más a los trabajadores/as y recarga punitivamente sobre las espaldas de las madres solas y pobres la responsabilidad de un abandono sistemático. Mientras se siga eligiendo responder con encierro a aquello que se gesta en los sótanos de la desigualdad social, la pregunta seguirá incomodando: ¿por qué nos preocupa más castigar un recorrido lleno de obstáculos, que construir a tiempo, las condiciones para que todos los pibes y pibas tengan el futuro que merecen?
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