Durante los primeros meses del tercer año de gobierno de Javier Milei, se aprobaron diversos paquetes de reformas que, en nombre de la libertad y del equilibrio fiscal, caracterizan una etapa de orientación conservadora en la Argentina. Sin embargo, estas modificaciones se inscriben en un debate global más amplio sobre el rol del Estado, el mercado y el alcance de la justicia social.
La Libertad Avanza no constituye ni la primera ni la más original de las experiencias conservadoras en materia de reformas estructurales. Distintos gobiernos de América Latina y Europa han impulsado agendas que combinan reformas laborales, ajustes fiscales, cambios en los sistemas previsionales y transformaciones en educación. En ese marco, el proyecto de “Ley de Libertad Educativa” se inscribe en un proceso más amplio que requiere ser leído en diálogo con experiencias previas.
Casos como Brasil, Uruguay, Colombia o España permiten observar cómo estas reformas se integraron en agendas más amplias, qué tensiones generaron y cuáles fueron sus efectos, aunque no constituyan antecedentes idénticos. En este sentido, surgen interrogantes sobre la relación entre descentralización y financiamiento, la redefinición del trabajo docente, la autonomía institucional y sus efectos sobre la desigualdad educativa, así como el desplazamiento de la educación desde la lógica del derecho social hacia la del servicio regulado por el mercado.
El proyecto de Ley de Libertad Educativa propone un cambio de paradigma en el que el Estado deja de ser el principal garante del derecho a la educación para asumir un rol subsidiario, centrado en habilitar el acceso sin asegurar la permanencia ni el egreso. En ese marco, se reemplaza la noción de “derecho a la educación” por la de “derecho a la enseñanza y el aprendizaje”. Sus ejes incluyen la autonomía institucional y pedagógica, nuevos mecanismos de evaluación, cambios en la formación docente y modificaciones en el financiamiento, con un mayor protagonismo de las familias. Estas reformas expresan una concepción basada en la rendición de cuentas y la transferencia de responsabilidades entre niveles del Estado y actores sociales, en contraste con el enfoque de la Ley de Educación Nacional vigente.
Flexibilización curricular y del rol docente
Tras el impeachment de Dilma Rousseff en 2016, el gobierno de Michel Temer impulsó en Brasil un conjunto de reformas estructurales orientadas a redefinir el funcionamiento del Estado. Entre ellas se destacan la Enmienda Constitucional 95/16, que estableció un techo al gasto público por veinte años, la Reforma Laboral 13.467/17 y la Ley 13.415/17, que reformó el nivel medio del sistema educativo.
Esta reforma introdujo los itinerarios formativos, un esquema que combinaba una base común de menor carga horaria con trayectorias específicas que cada estado podía organizar según sus intereses y demandas locales. La reducción del peso de las materias comunes obligatorias a nivel nacional otorgó mayor flexibilidad a las escuelas, pero también trasladó a los estados la responsabilidad de garantizar una oferta equilibrada, generando diferencias según la capacidad institucional de cada territorio.
La reforma educativa brasileña también modificó el rol docente al habilitar la contratación de especialistas con “notorio saber”, permitiendo el ingreso de profesionales sin formación pedagógica formal. Esto impactó en la organización del trabajo y en los mecanismos de formación docente, tradicionalmente basados en la profesionalización pedagógica de la carrera. En el marco de una mayor autonomía institucional, el proyecto de Ley de Libertad Educativa plantea una reconfiguración del trabajo docente a partir de criterios de desempeño, evaluación y adaptación institucional, aunque sin contemplar explícitamente el esquema de “notorio saber”.
Estas reformas generaron conflictos significativos en Brasil: sindicatos y movimientos estudiantiles ocuparon escuelas y protagonizaron movilizaciones que instalaron el tema en la agenda pública y mediática. En 2023, el gobierno de Lula da Silva inició un proceso de revisión del modelo.
Mercado educativo y “elección” escolar
La Ley Orgánica para la Mejora en la Calidad Educativa (8/2013) fue aprobada durante el gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de alinear los resultados del sistema educativo con estándares internacionales y reducir la deserción escolar. El debate educativo estuvo fuertemente atravesado por la crisis económica de 2008 y por la reforma laboral de 2012.
La reforma española se centró en el sostenimiento de una amplia red de instituciones privadas financiadas con fondos públicos, conocidas como “escuelas concertadas”. En ese marco, se reforzó el principio de demanda, según el cual la oferta educativa debe responder a la elección de las familias, bajo la premisa de que una mayor libertad de elección y diversidad institucional mejora el funcionamiento del sistema.
En Argentina, aunque la estructura es distinta — la educación privada representa aproximadamente el 22% de la matrícula en todos los niveles, frente al 33% en España — , el debate también se expresa en propuestas de financiamiento a la demanda, mayor autonomía institucional y mayor centralidad de las familias en la supervisión y elección de escuelas. En ambos casos, la discusión deja de ser estrictamente pedagógica para centrarse en la distribución de recursos públicos y en las garantías de acceso al sistema educativo.
El caso español derivó en procesos de segregación escolar asociados al nivel de ingresos. Según la OCDE, la proporción de estudiantes de bajos recursos en instituciones privadas subvencionadas es significativamente menor que en las escuelas públicas, lo que evidencia que la elección no se produce en un terreno plenamente libre. Las condiciones materiales desiguales condicionan también las posibilidades de elección y derivan en circuitos educativos diferenciados.
La reforma generó además un fuerte conflicto político y social, con resistencia de sindicatos docentes y movimientos estudiantiles. Estuvo vigente durante siete años y fue reemplazada en 2020 por una nueva normativa que prohíbe destinar fondos públicos a la creación de instituciones privadas, restringe la segregación por sexo y establece mayores controles sobre cuotas y cargos en escuelas subvencionadas. Aunque no eliminó la oferta religiosa en el sistema público, esta dejó de contar para el promedio de acreditación.
Evaluación y ascenso docente
A comienzos de los años 2000, Colombia atravesó un proceso de reorganización del gasto público y de profundas transformaciones del Estado durante el gobierno de Álvaro Uribe. En materia educativa, la Ley 715 de 2001 reordenó el financiamiento del sistema y profundizó la descentralización administrativa, mientras que el Estatuto Docente 1278 de 2002 estableció un nuevo régimen de ingreso, evaluación y ascenso.
Este estatuto introdujo un sistema de evaluaciones y sanciones para el personal docente. Para ingresar al sistema era necesario aprobar evaluaciones, y posteriormente superar instancias periódicas para ascender o mejorar el salario dentro del escalafón. De este modo, se consolidó una lógica de evaluación permanente del desempeño como eje de regulación del trabajo docente, más que como herramienta de desarrollo profesional.
En la Ley de Libertad Educativa aparece la idea de incorporar mecanismos más sistemáticos de evaluación del desempeño docente, aunque sin mayores precisiones, junto con la ampliación de herramientas institucionales para evaluar el trabajo pedagógico y reorganizar la planta funcional. En el caso colombiano, las evaluaciones estandarizadas del Estado eran necesarias para garantizar estabilidad laboral e ingresos, pero se combinaban con un sistema de ascensos limitados por el presupuesto educativo, lo que introducía una dinámica de competencia y restricción en la carrera docente. En este sentido, las políticas educativas expresan disputas más amplias sobre la regulación estatal del trabajo docente y la gobernanza del sistema, ya que las evaluaciones no solo ordenan el desempeño profesional sino también la gestión del gasto público en salarios.
En 2015, tras una huelga nacional docente, el gobierno colombiano revisó el sistema establecido por el estatuto, ampliando los cupos de ascenso e incorporando mecanismos alternativos vinculados a la formación docente, más cercanos al esquema de clasificación docente argentino, con el objetivo de descomprimir la presión del sistema de evaluación única.
Gobernanza educativa
La gobernanza educativa dio lugar a intensas discusiones en Uruguay durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. La aprobación de la Ley de Urgente Consideración (19.889/20) introdujo modificaciones en la estructura de conducción del sistema educativo uruguayo, especialmente en los órganos de gobierno de la ANEP, entendida como una administración autónoma del poder ejecutivo con funciones de gestión educativa.
Uno de los principales puntos de conflicto se centró en los organismos con representación docente. Las reformas redujeron el peso de los órganos colegiados y reforzaron la presencia de actores designados por el gobierno. Este rediseño institucional, con un esquema más centralizado de toma de decisiones, generó una fuerte reacción sindical que se expresó en movilizaciones masivas y en el referéndum de 2022, donde se votó la derogación de varios artículos. Aunque las disposiciones se mantuvieron, el debate instaló la gobernanza educativa como un eje central en la discusión pública.
La Ley de Libertad Educativa, en comparación, plantea fortalecer la capacidad de conducción de las autoridades centrales y otorgar mayor protagonismo a otros actores, como las familias o las autoridades institucionales. Aun con diferencias significativas en los diseños institucionales, ambos casos comparten un rasgo común: el desplazamiento de la gobernanza educativa desde órganos colegiados hacia modelos de conducción más centralizados e incorporando actores externos.
Estos cambios suelen generar debates políticos intensos, ya que modifican los mecanismos de participación y los órganos de decisión. En ese sentido, la discusión deja de ser exclusivamente pedagógica para incluir interrogantes sobre quién toma las decisiones, qué actores intervienen en el proceso y cuál es el rol del Estado en la regulación del sistema educativo. Las reformas educativas forman parte de proyectos políticos más amplios de reorganización del Estado en los que la educación se convierte en un espacio estratégico de disputa para definir mecanismo de financiamiento, regulación y conducción.
En todos los casos mencionados, estas reformas generaron conflictos políticos, sociales y sindicales, lo que refleja las tensiones inherentes entre dos modelos educativos: un Estado garante de derechos, basado en la igualdad y la planificación, o un Estado regulador, orientado a un sistema competitivo y autónomo. La comparación con otras experiencias demuestra que no se trata de fenómenos exclusivamente locales ni de una discusión técnica sobre los problemas estructurales de la educación, sino que anticipa posibles debates en cada uno de los ejes centrales del proyecto de Ley de Libertad Educativa y confirma su vinculación con el amplio repertorio de reformas conservadoras y sus objetivos.
