La iniciativa generó preocupación y rechazo en la comunidad educativa. Gremios, especialistas y familias advierten que no busca actualizar la normativa, sino desarticular los principios del sistema público argentino.
La Ley de Educación Nacional (26.206), sancionada en 2006, volvió al centro del debate público en un contexto de propuestas que impulsan su derogación. A casi dos décadas de su aprobación, gremios y especialistas advierten que, pese a sus limitaciones, la LEN no constituye una urgencia a desmantelar sino un piso necesario para sostener el carácter público, inclusivo y federal del sistema educativo argentino.
La norma estableció a la educación como un derecho social y una responsabilidad indelegable del Estado, garantizó la gratuidad y la obligatoriedad desde los 4 años hasta la finalización de la secundaria, y promovió la articulación de niveles y modalidades, incluyendo la educación especial, intercultural bilingüe y de jóvenes y adultos. También dio lugar a políticas clave como la creación del INFoD y la incorporación de contenidos vinculados a la memoria histórica, los derechos humanos y la educación sexual integral.
Sin embargo, la derogación de la LEN no responde a una urgencia del sistema educativo. En un contexto en el que la escuela asume crecientes responsabilidades sociales, el desafío es fortalecer el carácter público de la educación y avanzar en la plena implementación de la ley, que continúa siendo un piso indispensable para pensar políticas educativas con justicia social.
Educación y rol estatal en debate: los ejes del borrador libertario
Según trascendió, el borrador denominado Ley de Libertad Educativa (LLE) propone una redefinición de los principios rectores del sistema educativo. En su primer capítulo, establece a la “libertad educativa individual” como eje central, seguida del “rol preferente de la familia”, mientras que el Estado queda relegado a una función subsidiaria. Esta formulación invierte la lógica vigente, que concibe al Estado como garante principal del derecho social a la educación.
La iniciativa no se presenta como un hecho aislado, sino que se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración del rol estatal. La Libertad Avanza impulsa, en distintos ámbitos, reformas laborales, previsionales, tributarias y sociales que comparten un mismo denominador: el achicamiento del Estado, la transferencia de responsabilidades hacia los individuos y el mercado, y el debilitamiento de los derechos colectivos.
En el terreno educativo, esta orientación se traduce en una mirada conservadora y mercantilista, con antecedentes en el neoliberalismo de los años noventa y en corrientes neoconservadoras contemporáneas. El desplazamiento del Estado como garante del derecho a educarse abre paso a una concepción de la educación como bien de consumo, antes que como un derecho universal que debe ser garantizado por políticas públicas. El retiro del Estado: financiamiento a demanda
Del derecho social a la “libertad educativa”: el nuevo paradigma
El artículo 2° de la Ley de Educación Nacional establece que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado. El borrador libertario propone reemplazar este principio por el de “libertad educativa”, relegando al Estado a un rol subsidiario. No se trata de un detalle menor: la palabra “libertad” aparece mencionada 27 veces en el texto, incluso más que “Estado”, anticipando una orientación que prioriza la iniciativa privada y familiar por sobre el compromiso estatal.
Este corrimiento se traduce en decisiones concretas. El proyecto abandona la meta de inversión educativa del 6% del PBI y promueve un esquema descentralizado de apoyos a las familias mediante becas o vales (vouchers). Bajo esta lógica, cada persona tendría el derecho a enseñar y aprender según sus propias convicciones y a decidir dónde “gastar” su voucher — ya sea en una escuela estatal, privada o incluso en modalidades virtuales — con apenas mínimos contenidos comunes garantizados.
Escuela Presidente Roca, 1940. Foto: Colección Museo Roca.
Lejos de ampliar derechos, esta propuesta implica una privatización encubierta del sistema educativo. La experiencia argentina de los años noventa y diversos casos internacionales muestran que la transferencia de fondos públicos al sector privado debilita a la escuela pública y profundiza la segmentación educativa. Las instituciones pasan a competir por estudiantes como “clientes”, mientras que las privadas, al poder complementar ingresos con cuotas, concentran recursos y matrícula. En ese sentido, la CTERA advirtió que, bajo una noción banalizada de libertad, el proyecto elimina al Estado como garante principal del derecho a la educación y reinstala la lógica de mercado de que “la plata siga al alumno”, transformando la educación en un asunto privado y no en una responsabilidad colectiva.
Sálvese quien pueda: la desregulación bajo la “autonomía”
El proyecto impulsa una supuesta “autonomía institucional” para las escuelas que, sin un Estado que acompañe y regule, puede traducirse en desamparo. Cada establecimiento podría definir sus planes de estudio según su ideario, fijar reglamentos internos y establecer criterios de admisión, disciplina y selección de personal. Bajo el discurso de la autonomía y del proyecto educativo propio, se abre paso a una desregulación que relativiza lineamientos comunes, derechos laborales y contenidos obligatorios: ¿Será también la puerta para esquivar currículas incómodas (por ejemplo, Educación Sexual Integral) o seleccionar el alumnado?
En ese marco, los Consejos Escolares de Padres adquirirían facultades para intervenir en la designación y remoción de directivos y docentes, alterando las reglas vigentes y poniendo en riesgo la estabilidad laboral. Este esquema acerca el modelo educativo a experiencias de escuelas gerenciadas o charter schools, alejándose de la tradición de la escuela pública argentina como espacio profesional bajo la órbita del Estado, con participación plural y acotada de las familias. A ello se suma la habilitación del homeschooling y la enseñanza religiosa en escuelas estatales fuera del horario escolar, lo que implica un quiebre con principios históricos como la escolaridad común, presencial y obligatoria y la laicidad del sistema educativo.
La “libertad” que propone la reforma se orienta a ampliar la capacidad de las familias para moldear la educación según sus creencias, aun cuando eso suponga apartarse de contenidos científicos, inclusivos o de derechos humanos. Esta alianza entre libertarismo económico y conservadurismo moral se complementa con evaluaciones estandarizadas y criterios meritocráticos que tienden a generar rankings y competencia entre escuelas y docentes. El resultado es un sistema más fragmentado, con mayor precarización de la tarea docente y una educación que deja de concebirse como derecho garantizado para pasar a regirse por lógicas de mercado.
. . .
Lejos de representar una innovación, el proyecto de “Libertad Educativa” implica un retroceso histórico. Como advirtió Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, su implementación remite a un escenario previo a la Ley 1420 de 1884, que sentó las bases de la escuela pública, laica, común y obligatoria. Desandar ese camino supone resignar más de un siglo de derechos construidos colectivamente y avanzar en una dirección opuesta a los consensos internacionales que conciben la educación como un derecho humano fundamental y un bien público, tal como sostienen organismos como UNESCO, UNICEF y CEPAL.
Esta orientación no es casual. Mientras la Ley de Educación Nacional reconoce explícitamente principios como derechos humanos, ciudadanía, democracia e inclusión, el borrador de la LLE omite estas referencias y se apoya casi exclusivamente en una noción abstracta de libertad individual, desligada de las condiciones materiales y sociales que la hacen posible. La experiencia histórica demuestra que solo un Estado presente puede garantizar un piso común de oportunidades y evitar que la escuela profundice las desigualdades existentes.
En este sentido, la denominada “Ley de Libertad Educativa” debe ser leída críticamente como un cambio de paradigma con profundas implicancias políticas y sociales. Más que ampliar derechos, expresa un proyecto de país que reduce el rol del Estado y amplía las brechas educativas. Lo que está en juego es el futuro de la escuela pública como espacio de igualdad, encuentro y construcción colectiva del conocimiento, y la vigencia de la educación como un derecho social garantizado por el Estado.
