A 50 años de la última dictadura militar, la historia vuelve a demostrar que es un campo de batalla. Entre negacionismo, “memoria completa” y extremas derechas, conversamos con Débora D’Antonio sobre cómo se reconfiguran las interpretaciones del pasado, el impacto del feminismo en la justicia y las disputas que atraviesan la memoria en la Argentina actual.
En Argentina, cada conmemoración ligada al terrorismo de Estado no solo recuerda: activa conflictos, reabre debates y tensiona sentidos sobre el pasado. Como en otros países atravesados por la represión, las memorias no permanecen quietas: se discuten, se resignifican y se disputan en el espacio público.
En ese terreno se inscribe la voz de Débora D’Antonio, historiadora, investigadora y, sobre todo, una intelectual de acción. Su trabajo articula investigación, intervención pública y compromiso político para pensar las huellas de la última dictadura militar y su persistencia en el presente.
En diálogo con Brújula, y en medio de la organización de las VI Jornadas de Historia, Género y Política en los 70: Encuentro (Des)Bordado, D’Antonio aborda los núcleos más sensibles de la coyuntura: las interpretaciones en pugna sobre la dictadura, la irrupción de la perspectiva de género en los juicios de lesa humanidad y el avance de discursos que buscan relativizar o reordenar la memoria colectiva.
A medio siglo de la última dictadura militar, la pregunta ya no es solo qué ocurrió, sino cómo y para qué se lo vuelva a narrar.
¿Cómo ha evolucionado la interpretación del Terrorismo de Estado en Argentina y cuáles fueron las disputas políticas que moldearon esas lecturas?
Las interpretaciones sobre qué significó, qué fue y qué implicancias tuvo el golpe de Estado, así como el período histórico que abrió, junto con las disputas políticas en torno a su comprensión a lo largo del tiempo, tuvieron mucho movimiento. Es difícil sintetizar en una sola idea cómo estas interpretaciones se fueron transformando al pulso de la demanda social, de la conversación pública y de las intervenciones de distintos actores: académicos, judiciales y, especialmente, el movimiento de derechos humanos, que tuvo un papel protagónico.
A partir de estas intervenciones surgieron diversas interpretaciones: algunas convergentes y otras en tensión entre sí. Entre ellas, se destacó la teoría de los dos demonios, promovida en parte por Raúl Alfonsín y plasmada en el prólogo del Nunca Más, que equiparó el terrorismo de Estado con la violencia de las organizaciones armadas, ubicando a la sociedad como un actor ajeno. Esta lectura, que contribuyó a fundar el orden democrático inicial, tuvo alcances limitados: si bien el Juicio a las Juntas significó un avance histórico al juzgar a las cúpulas militares, el proceso fue restringido y finalmente obturado por las presiones de las Fuerzas Armadas hacia el final del gobierno, cerrándose de manera conflictiva.
Luego se abre un momento menos insurgente, marcado por las políticas de olvido y reconciliación impulsadas a través de los indultos durante el gobierno de Carlos Menem, que buscaron clausurar los juicios. Sin embargo, este paradigma tampoco logró imponerse plenamente, como tampoco lo había hecho la teoría de los dos demonios. En ese contexto surge HIJOS con la consigna “si no hay justicia, hay escrache”, junto con los Juicios por la Verdad en La Plata, que, aunque sin efectos jurídicos, tuvieron un fuerte impacto político y sentaron bases para etapas posteriores.
Ese momento se expresa en 2004, cuando Néstor Kirchner, frente a la ESMA, afirma: “En nombre del Estado vengo a pedir perdón”, marcando la incorporación de los derechos humanos como identidad estatal. A partir de allí se despliegan gestos simbólicos — como la bajada de los cuadros — que reconfiguran el vínculo entre el Estado y esa memoria. En contraste con la etapa inicial, donde las víctimas aparecían despolitizadas bajo la lógica de la teoría de los dos demonios, comienza a recuperarse su dimensión política. Este proceso se articula con el impulso de nuevas causas judiciales, en las que las víctimas vuelven a tomar la palabra, integrando sus experiencias y su militancia en un escenario distinto.
En la actualidad, los discursos negacionistas y la idea de “memoria completa” han ganado centralidad, aunque no son nuevos: ya habían sido sostenidos por actores, medios y políticas editoriales que cuestionaban, por ejemplo, la cifra de los 30.000 o instalaban nociones como el “curro de los derechos humanos”, expresión utilizada por Mauricio Macri. Hoy, su amplificación a través de redes sociales y nuevas tecnologías les otorga mayor visibilidad. Sin embargo, este escenario admite matices: un estudio reciente del CELS junto con la UBA muestra una sociedad activa, que rechaza el régimen militar, valora los juicios de lesa humanidad y reconoce las implicancias económicas, políticas y sociales de la dictadura.
En este sentido, aunque resulta útil distinguir esquemáticamente los distintos momentos históricos, también es clave atender a sus continuidades. La teoría de los dos demonios, por ejemplo, reaparece en la actualidad, como en el video difundido por el gobierno el 24 de marzo pasado, donde voceros como Agustín Laje no niegan la represión, pero la reubican como respuesta a la violencia de las organizaciones armadas, diluyendo la responsabilidad estatal. Esta equiparación resulta problemática, ya que los actores no son equivalentes y la responsabilidad del Estado es mayor. En definitiva, lo que me interesa señalar es que estas interpretaciones funcionan como capas de sentido que conviven, se tensionan y se transforman; no son estáticas, sino que están en permanente movimiento.
¿Qué aportó la incorporación de la perspectiva de género al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y cómo transformó su comprensión?
La perspectiva de género constituye un aporte del campo de los feminismos al ámbito judicial, nutrido por tradiciones internacionales que analizaron conflictos como los de las guerras fraticidas en los Balcanes o las interetnicas en África. En esos contextos se evidenció cómo la violencia sexual opera como forma de dominación mediante la humillación de las mujeres. Esta violencia apunta al núcleo de la vida social, ya que, en muchas sociedades — incluso desde miradas conservadoras — , las mujeres son asociadas al sostén familiar y a la organización de la vida cotidiana, lo que explica la particular crueldad de estos ataques.
A partir de esta lectura — que, aunque general, permite vincular procesos internacionales con dinámicas locales — , puede pensarse lo que ocurrió en Argentina. Las compañeras que atravesaron situaciones de violencia sexual en centros clandestinos o en cárceles legalizadas tomaron la palabra; es decir, se convirtieron en sujetas activas en la construcción de derechos. Acudieron a los tribunales para visibilizar aquello que durante mucho tiempo permaneció oculto. También es necesario considerar que, para muchas familias que atravesaron procesos represivos intensos — que perdieron integrantes, sufrieron persecución o debieron insiliarse/ exiliarse — , exponer públicamente estas experiencias implicó una gran dificultad. Hacer visible, por ejemplo, que sus hijas habían sido violadas supuso un proceso doloroso y complejo. En ese sentido, el pasaje del ámbito privado al público, y su transformación en un problema político y en una agenda de derechos, fue un proceso que llevó tiempo.
No fue sencillo para el movimiento de derechos humanos, para las compañeras que vivieron estas experiencias ni para la sociedad en general hacerse cargo de lo que podría llamarse la política sexual del gobierno militar. Esta dimensión se fue construyendo gradualmente: primero a nivel internacional y luego local, a partir de los vasos comunicantes entre los pañuelos blancos y los pañuelos verdes, en una articulación que fue muy significativa y que terminó teniendo impacto en el ámbito judicial.
La incorporación de la perspectiva de género permitió identificar el delito sexual, antes enmascarado dentro de la tortura general: aunque se reconocía que las mujeres eran violadas o sometidas a distintos abusos, no se le otorgaba especificidad. Esta distinción valorizó los testimonios y generó nuevos sentidos dentro del derecho, resultado de un proceso colectivo que llevó tiempo. Fue necesario crear condiciones de escucha; en los juicios, como el de 1985, las mujeres hablaron, y testimonios como el de Adriana Calvo — visibilizado en la película Argentina, 1985 — relatan experiencias extremas, aunque inicialmente quedaban inscritas dentro del conjunto general de tormentos documentados por la CONADEP, sin una especificidad propia en violencia sexual.
Esa especificidad comienza a delinearse cuando se crean instancias institucionales dedicadas a abordar estos delitos, como una procuraduría orientada a incorporar la perspectiva de género. Esto implicó una nueva forma de escucha y de encuadre de los testimonios, tanto los ya existentes como los nuevos, lo que finalmente derivó en condenas. La primera condena por estos delitos se produce en 2010, en Mar del Plata, contra el suboficial Gregorio Molina, quien recibe prisión perpetua por los crímenes cometidos contra mujeres en el centro clandestino “La Cueva”. Este fallo marca un punto de inflexión: a partir de allí se establecen lineamientos más claros para fiscales y operadores judiciales, se conforman unidades fiscales especializadas y comienzan a multiplicarse las causas centradas específicamente en delitos sexuales.
Se avanzó en una tipificación más precisa de las violencias sexuales, desde la desnudez forzada y los abusos hasta la violación y los abortos provocados, impactando tanto en lo jurídico como en el protagonismo de las mujeres, que impulsaron este proceso. Anteriormente, se produjeron testimonios clave, como las de cinco sobrevivientes de la ESMA hacia el año 2000, entre ellas Miriam Lewin, que replantean la experiencia del cautiverio y la relación con los represores. Sin embargo, la violencia sexual siguió atravesada por miradas moralizantes: muchas de ellas, de hecho, no pudieron reconocer lo que habían vivido como violación hasta que no abrazaron el feminismo. En algunos casos, llegaron a interpretar esas situaciones como consentidas, cuando en realidad el ejercicio extremo del poder, en condiciones de secuestro y coerción, anula cualquier posibilidad de consentimiento.
Hoy, sectores de la extrema derecha relativizan, banalizan o reivindican el terrorismo de Estado: ¿qué sentidos del pasado están en disputa y qué buscan instalar?
La derecha relativiza, banaliza e incluso reivindica el terrorismo de Estado, algo presente durante los últimos 40 años, aunque hoy con un nivel de amplificación sin precedentes. Esta expansión genera inquietud, porque parece amenazar décadas de pedagogía democrática y dar paso a un borrón y cuenta nueva, desatendiendo el pasado y sus efectos en el presente.
La idea de una “memoria completa” es un oxímoron: las memorias nunca se completan, aunque el concepto se utilice políticamente. La disputa sobre cómo interpretar la violencia política de los setenta, incluida la muerte de personas en acciones de organizaciones político-militares, es antigua y atraviesa incluso al propio peronismo, mostrando la complejidad de casos como los conscriptos muertos en episodios específicos.
En muchos casos, lo que surge es una tendencia a “meter todo en la misma bolsa”, por lo que es clave distinguir responsabilidades y reconocer a quienes no tuvieron voz o no lograron hegemonizar el debate con sus posiciones. Esto forma parte del debate público sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la responsabilidad política de sus autores. La desaparición forzada, sistemática durante la dictadura argentina, marca una diferencia frente a otras experiencias regionales, donde el foco estuvo más en exilios o prisiones, y no puede relativizarse, incluso desde la perspectiva de la llamada “memoria completa”.
Por otro lado, también está en disputa un sentido de libertad. No la libertad entendida en los términos actuales del discurso de Javier Milei, sino la libertad de organizarse, de movilizarse, de construir experiencias insurgentes. Las izquierdas de la década del setenta — no solo las armadas — tuvieron como rasgo central la voluntad de disputar el poder. Existieron múltiples expresiones, algunas con mayor capacidad de acción que otras, pero en conjunto compartían ese horizonte. Esto fue posible en un contexto particular: la Revolución Cubana como catalizador simbólico en América Latina, junto con procesos de fuerte movilización juvenil en Europa, que cuestionaron profundamente las estructuras de autoridad — la familia, las instituciones, el Estado, las Fuerzas Armadas — . Se trató de una época de gran irreverencia política y de transformación cultural.
Hoy también se busca contener ese espíritu de libertad revolucionaria: esa frescura, esa idea de “tomar el cielo por asalto” ofreciendo a las juventudes modelos más fragmentados e individualizados, mediadas por redes sociales y menos orientados a lo colectivo. Quiero decir: la apuesta de la década del 60 y 70 fue una apuesta a lo colectivo. Que hace que también esté mezclado, jóvenes, mujeres, clase trabajadora, estudiantes. Es decir, el sujeto social y el sujeto político eran muy polisémicos. Me parece que si hay algo que se quiere erradicar es toda posibilidad o todo sentimiento de rebelión y de liberación. La gran disputa política de fondo sigue siendo el proyecto revolucionario e irreverente de los 60 y principios de los 70. Mientras la extrema derecha relativiza o reivindica el terrorismo de Estado, lo que realmente se busca es eliminar cualquier posibilidad de rebeldía y efervescencia política y social.
Comparto el análisis. Celebro que la tarea de años siga resistiendo los embates salvajes de la derecha extrema. Habrá que redoblar los esfuerzos para incluir las nuevas herramientas disponibles sin olvidar que la presencia es insustituible en toda lucha.
Excelente analisis y celebro que se esten exponiendo quienes han sido victimas del terrorismo de estado: genero y diversidades, como estan surgiendo relatos de torturas de trans y gays; hay que correr el velo que han montado sobre los dos demonios.