En la Legislatura Porteña comenzó a discutirse la creación de un Sistema Penitenciario propio y una Ley de ejecución de las penas privativas de la libertad. Es una deuda de la Ciudad que, entre fugas de detenidos y acusaciones políticas cruzadas, se puso de manifiesto más que nunca en el último año.
Estamos en un contexto de crisis de imaginación política en general, pero la falta de planificación y creatividad en materia de seguridad viene de larga data. En la Ciudad de Buenos Aires, la situación en este terreno — y más específicamente en el ámbito penitenciario — roza lo vergonzoso.
El desafío para quienes creemos que es posible construir un modelo de seguridad ciudadana con perspectiva progresista es no descansar en la denuncia, sino comprender lo más profundamente posible el estado de situación, identificar aciertos y déficits de la propuesta gobernante y trabajar en la construcción de una alternativa. Para avanzar en ese camino, vamos a desandar un poco la situación actual.
¿Cómo llegamos hasta acá?
En 1994, con la reforma constitucional, la ciudad se convirtió en una Ciudad Autónoma. En virtud de esa autonomía se fueron traspasando a lo largo de los años diversas competencias para equiparar las responsabilidades con el resto de las provincias del país.
En el caso de las competencias penales, ese traspaso viene lento. Lentísimo. Los delitos que se juzgan en la órbita de la Ciudad son todavía pocos. No se juzgan en la Ciudad ni los delitos contra las personas más graves, ni los delitos contra la propiedad más comunes y que suceden generalmente en la calle, como el robo. Por eso el ex Ministro de Seguridad Waldo Wolff, dice que son “presos que le corresponden a la Nación”. Es un revoleo de responsabilidades que, además de irresponsable, termina siendo una confesión de parte de la incapacidad de una fuerza política de avanzar en la autonomía de una Ciudad que gobierna hace casi 20 años.
Esta autonomía exige que cualquier gobierno local trabaje políticamente para completar el traspaso de competencias, y en paralelo construya las herramientas necesarias para poder hacerse cargo. Es una condición sine qua non para desarrollar una política criminal, judicial y penitenciaria propia. Ahora bien, incluso si este traspaso no se produjera a la brevedad, la Ciudad tiene un problema muy acuciante que le exige avanzar con la creación del servicio penitenciario de todas formas: tiene casi 3.000 efectivos de su Policía cumpliendo tareas penitenciarias en comisarías y alcaidías que, además, están sobrepobladas de gente.
Aumento de detenciones: entre el hacinamiento y la falta de evaluación
En las comisarías y alcaidías, que tienen capacidad para 1100 personas y que están preparadas para detenciones provisorias, permanecen detenidas alrededor de 2500 personas. En los últimos 5 años aumentó exponencialmente este número. Por un lado, porque el Servicio Penitenciario Federal empezó a habilitar menos cupos que los previstos por convenio. Por otro, porque la falta de claridad y rumbo de la política criminal de la Ciudad y de diseño de prevención del delito condujeron a un aumento de las detenciones. Ninguna política penitenciaria puede ser efectiva si no hay una reconfiguración de la política de detenciones.
En el 2016 se creó la nueva Policía de la Ciudad, luego de la sanción del Sistema Integral de Seguridad Pública y del traspaso de casi la mitad de los efectivos de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad. La creación de esta nueva Policía, con un marco normativo de avanzada para la región, era una oportunidad para diseñar un modelo de policiamiento basado en evidencia y con objetivos claros en materia de prevención. Las herramientas hasta ahora desplegadas no permiten dilucidar esto. Algunas de ellas tienen un carácter más reactivo que preventivo, desde la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas hasta los nuevos Puntos Seguros de Jorge Macri. Otras herramientas hablan de un modelo de cercanía con la comunidad, como los Foros de Seguridad Pública que se realizan por comunas y están previstos en la Ley. Ni los últimos son lo suficientemente vinculantes, ni de los primeros conocemos una evaluación de su impacto.
¿Tiene el Gobierno de la Ciudad una planificación para la prevención del delito o sólo reacciona frente al evento? No sabemos si tiene un sistema de identificación de problemas, si tiene una estrategia geolocalizada, si identifica grupos poblacionales vulnerables, si diseña sus patrullajes de acuerdo a algún criterio. Por caso, el Mapa del Delito no se actualiza desde el 2023: no sólo no permite el control ciudadano de la efectividad de las políticas, sino que permite sospechar que la policía no actúa en función de ningún tipo de análisis criminal. La regla parece ser, más bien, la improvisación.
En ese contexto, desde que empezó la gestión de Jorge Macri se produjeron más de 25 fugas de comisarías y alcaidías con más de 60 personas fugadas. Hace un año el gobierno decretó la Emergencia Penitenciaria y como respuesta a esta situación decidió construir cárceles modulares hechas con containers en Barracas, Chacarita, Saavedra y Villa Lugano. Esta última tenía la pretensión de ser una Alcaidía Central con capacidad para alojar 700 detenidos, pero en febrero de este año el Gobierno dió marcha atrás. La presencia de cárceles precarias en el corazón de distintos barrios porteños cambia la fisonomía del barrio y, sin servicio penitenciario propio, los vecinos temen la multiplicación de fugas.
Una cárcel en obra y muchas preguntas: el plan incompleto de la Ciudad
El Gobierno de la Ciudad, en medio de la discusión legislativa, adelantó que está trabajando con Nación en un convenio de transferencia del Servicio Penitenciario, pero no tenemos claridad sobre si éste implica la transferencia de personal, de presupuesto y de infraestructura. Por ahora, la única infraestructura prevista es la cárcel que está construyendo la Ciudad en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz. Esa obra comenzó en 2018 con el objetivo de trasladar allí la Cárcel Federal de Devoto y liberar ese espacio, pero la obra se frenó en 2020 y se reanudó recién en enero de este año. Una vez trasladadas las personas presas en Devoto, quedarán disponibles unos 800 cupos más. No alcanza, a todas luces, para alojar a las personas detenidas que tiene la Ciudad, que mientras tanto permanecen en condiciones infrahumanas.
Todo esto en el marco de un gobierno que hace de la seguridad una de sus banderas. El problema es que presentan como logros cosas que no lo son. La efectividad de una política de seguridad no se mide en función de cuántos delincuentes atrapas, sino de cuántos delitos logras prevenir. La imagen deseada no es la de la espectacularidad de un operativo de algún cuerpo especial de la policía: es la de un barrio tranquilo en el que la convivencia pacífica es posible. Por supuesto que en esa foto intervienen múltiples agencias y actores que construyen articuladamente la seguridad, no solamente la policía.
La cárcel de la Ciudad de Buenos Aires comparte el predio con el Complejo Penitenciario de Marcos Paz
Pero frente a la falta de un plan integral de prevención del delito, el Gobierno de la Ciudad tampoco presenta un modelo de Policía moderno con objetivos planificados. Por el contrario, a esa espectacularidad le suma iniciativas rimbombantes como la incorporación al Código Procesal Penal de la figura de “reiterancia”, que, amén algunas discusiones constitucionales y de aplicabilidad que desarrollé en otro artículo, implica a priori un aumento de prisionización en una Ciudad con la crisis carcelaria que fuimos describiendo. La demagogia punitiva, además de una decisión política, siempre oculta una impericia y una pereza intelectual. No falla.
Salir del péndulo: ni mano dura ni negación, una política propia
A lo largo de la historia, al progresismo en el mundo, en sus diversas formas, le ha costado articular una política de seguridad clara y perdurable en el tiempo, y un discurso que contemple la representación de las preocupaciones de los vecinos y la propuesta programática a la vez. En pos de señalar la desigualdad económica y de combatir la estigmatización que provoca el discurso punitivista, nos olvidamos que el delito es un problema real que no solamente se explica por la desigualdad, sino que es multicausal, y que sufren principalmente los trabajadores y trabajadoras.
En el peronismo han habido y siguen habiendo de forma localizada, políticas públicas de seguridad con capacidad de transformación efectiva, pero no logra ni articular un discurso ni construir un acuerdo eficaz y perdurable. Estamos presos del falso antagonismo entre mano dura y garantismo y optamos por uno u otro registro según el focus group del momento. Hay que empezar por lo obvio: tenemos que hablar de seguridad. La seguridad es un derecho y la inseguridad no se resuelve solamente con más educación y más trabajo, requiere de políticas públicas concretas. Y la Ciudad, como unidad territorial, es un escenario ideal para diseñar modelos de seguridad transformadores y sostenibles.
Agentes de prevención CABA
Si pensamos en el delito como un fenómeno multicausal, hay que abordar todas sus causas. Prevenirlo no es apresar gente, es eliminar o disminuir los efectos que el delito tiene en la dinámica social en su conjunto: que no sea ni el destino inevitable de algunos, ni un sufrimiento permanente para todos. Habrá que tener, por ejemplo, un Ministerio de Seguridad que no sea sólo un Ministerio de la Policía, sino que articule con otras áreas de gobierno para construir programas de prevención que incluyan otras instituciones, fortaleciendo también los espacios en los que los habitantes construyen comunidad. Hay que tener una policía pensada desde el servicio, con abordaje complejo de las problemáticas y de cercanía con la comunidad, capacitada, bien remunerada, y ordenada en función de la conducción política sobre qué modelo para la prevención del delito vamos a adoptar. Hay que tener también una política criminal con objetivos claros, basados en evidencia: decidir qué delitos perseguir y cuáles no, cómo hacerlo y en función de eso desplegar los recursos. Y hay que diseñar también una política carcelaria respetuosa de los derechos humanos y efectiva a la vez.
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Ahora mismo, estamos frente a la oportunidad de discutir qué modelo de sistema penitenciario queremos para nuestra Ciudad. Cómo creemos que deben ser nuestras cárceles, el tránsito de las personas por ellas, la formación del personal, dónde deben ubicarse, cómo debe juzgarse la ejecución de las penas. Tenemos el deber de estar a la altura y salir del limbo.
