El gobierno de Javier Milei ve en el medio ambiente una respuesta a la búsqueda de dólares. Para esto es necesario un delicado entramado que vincula el RIGI, con la avanzada de un régimen represivo de disciplinamiento a la protesta social en manos del Ministerio de Seguridad, el vaciamiento de políticas públicas y la estigmatización al movimiento ambiental.
Foto: Radio La Cordillera
Antes de llegar al gobierno, durante uno de los debates electorales, Javier Milei sostuvo que no negaba el cambio climático, pero que el mismo implicaba un ciclo de temperaturas en la historia de la tierra y que nos encontrábamos atravesando el quinto punto del ciclo. La única diferencia con los períodos anteriores era que en esos no existían los seres humanos. Con este razonamiento, Milei plantea que es falso culpar a los seres humanos de la crisis climática y que esto responde a una estrategia para recaudar fondos para financiar a “vagos socialistas que escriben papers de cuarta”.
Con su llegada al gobierno este razonamiento se volvió política de Estado. Entre otras medidas degradó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a una subsecretaría, retiró a la delegación argentina de la última COP (Conferencia de las Partes) -un espacio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que se reúne anualmente para abordar cuestiones medioambientales y discutir el financiamiento climático- y desfinanció las Leyes de Presupuestos Mínimos, que son las normas que a nivel nacional establecen condiciones para proteger el medio ambiente.
A esto se sumó, por un lado, la aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los apartados centrales de la Ley Bases, que busca atraer grandes inversiones, principalmente extranjeras, otorgando beneficios como estabilidad cambiaria, financiera y aduanera por treinta años. Y por otro lado, un recorte de $1867 millones destinados a investigaciones científicas, afectando a varios programas de investigación que abordan temas vinculados a las ciencias sociales, la sostenibilidad ambiental y el cambio climático, pasando a priorizar los proyectos enfocados en los sectores de la agroindustria, minería y energía, vinculados al crecimiento económico.
Este entramado prioriza un modelo fuertemente extractivista, sostenido y potenciado por el RIGI, como una de las maneras de conseguir los dólares que el gobierno necesita para mantener controlada la inflación y mostrar los logros de su modelo económico de cara a un año electoral. En el proceso el costo es la agenda ambiental, que es relegada mediante la construcción de un discurso que estigmatiza al movimiento ambientalista y construye a las explicaciones científicas sobre el cambio climático y a la Agenda 2030 como “socialismo-marxismo-kirchnerismo”.
Foto: Marianela Gamboa
Las posturas del gobierno de La Libertad Avanza con respecto a la crisis socioambiental y climática permiten pensar en tres nudos sobre los cuales profundizar: la dicotomía entre el crecimiento económico y el desarrollo inclusivo y sustentable; la división entre naturaleza y cultura; y el desmantelamiento de las políticas ambientales y climáticas, con su contracara, la resistencia popular.
La dicotomía entre el crecimiento económico y el desarrollo inclusivo y sustentable
En Latinoamérica en general y en Argentina en particular, los conflictos socioambientales han cobrado una visibilidad pública creciente en los últimos años debido a un modelo de desarrollo extractivista que ha implicado el avance de las fronteras productivas sobre zonas que antes eran consideradas marginales. En economías desindustrializadas, las lógicas extractivas se vuelven la respuesta para lograr procesos de desarrollo que permitan amortiguar las crisis socioeconómicas. Pero como puede verse en los distintos casos de países del Sur Global, la contracara de este modelo es el despojo, la violencia y la constante amenaza sobre la vidas de comunidades locales, indígenas y campesinas, profundizando históricas desigualdades.
Al mismo tiempo, estos procesos generan resistencias y luchas que surgen como respuesta al deterioro de las condiciones ambientales. Frente a los intentos del modelo de decretar “áreas de sacrificio” para naturalizar la idea de que existan lugares en los que ya no van a priorizarse las vidas, los pueblos son los que se levantan. El resultado frente a estas puebladas suele ser la simplificadora dicotomía de ambientalismo bobo vs. desarrollo y progreso.
Este debate no inició con el gobierno libertario, la crisis económica que atraviesa Argentina desde hace varios años ha hecho que los distintos gobiernos, más allá de su signo político, vean en el ambiente y los bienes comunes una solución para resolver los problemas económicos. Se suele sostener que oponerse a algunas actividades extractivas es condenar a nuestro país al hambre y la pobreza. Esto ha llevado a tensionar entre posiciones más o menos desarrollistas, y en el otro extremo a posturas cancelatorias de ciertas actividades productivas, aunque ambos lados se definan a sí mismos como ambientalistas.
En general las discusiones ponen el eje en la falta de divisas, sin discutir el problema estructural de redistribución de la riqueza y de los ingresos. Lejos de una dicotomía entre dependencia y soberanía, que ordenó el debate ambiental durante el gobierno de Alberto Fernández, la situación actual obliga a atender fuertemente a cómo construir un modelo de desarrollo que se oponga al del gobierno libertario. Para esto será importante discutir si es posible conciliar los objetivos de sostenibilidad económica y sustentabilidad ambiental, y además hacerlo con inclusión y justicia social. Una discusión que el campo popular todavía se debe.
Fuente: https://www.ambito.com/energia/salta-una-nueva-planta-litio-comenzara-producir-2024-n5968274
En esta discusión abierta, el recorte en investigaciones sobre cambio climático, sustentabilidad ambiental y ciencias sociales para priorizar aquellos sectores que para el gobierno permitirán el crecimiento económico, como la minería, la energía y la agroindustria, muestran el modelo de La Libertad Avanza: buscar generar ingresos a corto plazo, amparados por el RIGI, sin atender a los pasivos ambientales, las consecuencias sociales en los territorios, la profundización de la crisis ecológica y de la dependencia de recursos no renovables.
La división entre naturaleza y cultura
Otra característica central del gobierno de LLA es su defensa a ultranza de los valores occidentales, y sin dudas, uno de los principales valores de la modernidad occidental es la separación entre la naturaleza y la cultura. Así, durante la firma del Pacto del Mayo, al momento de referirse a los recursos naturales, Milei sostuvo “El otro compromiso que firmamos hoy aquí, y para el cual vamos a necesitar la voluntad de las provincias, es el compromiso de explotar los recursos naturales que Dios nos ha dado”.
En este planteo, el gobierno libertario se ordena por la lógica antropocentrista, para la cual la naturaleza debe servir al bienestar humano y no a la inversa. Según este razonamiento la pobreza será resuelta por la explotación indiscriminada de los recursos naturales y si esto no ha sucedido hasta el momento es porque los políticos pusieron más atención en “la demanda de minorías ruidosas y organizaciones ambientalistas financiadas por millonarios extranjeros, que en las necesidades de prosperar que tienen los argentinos”.
Fuente: CTA Autónoma
La construcción del discurso libertario pone a la naturaleza en un lugar pasivo del cual extraer recursos para generar riquezas y a los ambientalistas como los culpables de haber evitado la solución a la pobreza y limitado el crecimiento económico. Esto desconoce que aun cuando el país tuvo un crecimiento macroeconómico sostenido, la puja distributiva por los ingresos continuó siendo regresiva para el conjunto de la clase trabajadora, algo que no ha hecho más que profundizarse durante el gobierno de Javier Milei.
Estas posturas también niegan los planteos de la economía feminista y su propuesta sobre la sostenibilidad de la vida, que permite analizar formas de vivir que ponen en el centro el cuidado (de las personas humanas, no humanas y de todo aquello que solemos llamar naturaleza), visibilizando estrategias que se despliegan frente al conflicto entre el capital y la vida. Estas propuestas destacan que este es un conflicto estructural e irresoluble de la economía hegemónica, capitalista, androcéntrica y antropocéntrica, donde las crisis (vitales) derivan de poner la vida al servicio del proceso de generación de beneficios privados. Lejos de una visión de la naturaleza al servicio de los seres humanos, remarcan la interdependencia entre las personas y la ecodependencia con el medio/territorio en el que estas habitan, destacando la construcción de redes y entramados de cuidado.
En un momento donde los discursos de extrema derecha se entretejen con los discursos de la modernidad y el progreso, negando otras formas de habitar, pensar en propuestas políticas que pongan en el centro el cuidado implica la posibilidad de imaginar formas de desarrollo que permitan construir vidas más vivibles y dignas de ser vividas.
El desmantelamiento de las políticas ambientales y climáticas
El gobierno de La Libertad Avanza trata de instalar que las sociedades se regulan solas, esto justifica, por un lado, el desmantelamiento de las estructuras estatales que hasta ahora dieron respuestas a derechos y necesidades de la población, y por otro lado, la impugnación de políticas y lineamientos internacionales que han sido construidos mediante acuerdos entre varios países. En el primer caso, el gobierno ha cerrado o desjerarquizado dependencias estatales y derogado leyes que garantizaban distintos derechos. Mientras en el segundo caso la constante crítica a la ONU y la Agenda 2030, el retiro de la delegación de la última Conferencia de las Partes (COP), y la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son argumentados por la no intervención de organismos internacionales en la soberanía argentina.
Foto: La Tinta
En materia ambiental nacional el ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible fue reducido a una subsecretaría casi sin funciones, mientras la Leyes de Presupuestos mínimos fueron en su mayoría desfinanciadas. Actualmente se evidencian las consecuencias más concretas de este accionar en los incendios en distintas provincias de la Patagonia y en Corrientes. Si bien la Ley de Manejo del Fuego no fue derogada, el presupuesto anual del Sistema Nacional de Manejo de Fuego (SNMF) fue subejecutado durante 2024 y en el Presupuesto 2025 se propuso un aumento que representa menos del 0,025% del total. Y a fines de 2024, mediante un decreto el SNMF dejó de estar bajo la órbita del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, donde se encuentra la Subsecretaría de Ambiente, para pasar a formar parte del Ministerio de Seguridad, al mando de Patricia Bullrich.
A esto se sumó la derogación de la Ley 26160 de Emergencia Territorial Indígena, que suspendía los desalojos de las comunidades hasta que se realizara el proceso de relevamiento de sus territorios. En el decreto que pone fin a esta ley el gobierno reconoce que hay más de 250 conflictos territoriales abiertos y sostiene que se debe favorecer a “los legítimos propietarios”, que no son justamente las comunidades, sino empresas o propietarios privados que buscan llevar adelante distintos proyectos de desarrollo, hoy beneficiados por el RIGI.
Los desafíos del movimiento ambiental en un año electoral
Los distintos conflictos territoriales y ambientales por el avance del modelo extractivo tienen como contracara la resistencia popular. Desde las salinas de Jujuy hasta el mar de Tierra del Fuego las comunidades locales se organizan para frenar el avance sobre sus recursos naturales. Es un círculo vicioso que se repite desde mucho antes de la llegada de Milei al gobierno: saqueo de los bienes comunes no renovables, destrucción del medio ambiente y fuga de los beneficios económicos generados por las actividades extractivas.
Sin embargo, en el tiempo que llevan los libertarios en el poder se ha profundizado el avance sobre los territorios y recursos y la criminalización de quienes intentan frenarlo. Así los ambientalistas y los pueblos indígenas son para el gobierno los enemigos que atentan contra el progreso y el crecimiento económico. Si la estrategia es avanzar sobre los territorios y sus recursos entonces es necesario primero estigmatizar a quienes buscan defenderlos y después reprimir sus luchas, armando un dispositivo con el Ministerio de Seguridad como principal responsable de los distintos operativos.
En el marco de un año de elecciones legislativas los conflictos en los distintos territorios marcarán la agenda. Resta ver si crecerán las resistencias locales, el movimiento ambiental y climático y la consolidación de una alternativa al modelo extractivo. Un modelo que si bien se ha profundizado con el gobierno de Milei ha comenzado mucho antes. ¿Logrará la oposición al gobierno construir acuerdos y propuestas entre lo partidario y las resistencias territoriales? ¿Habrá posibilidades de imaginar y construir una respuesta antisistémica a un modelo que más allá de los signos políticos en el gobierno ha logrado instaurarse como la única opción posible para el crecimiento económico de nuestro país?
Cuando del ambiente y la crisis climática se trata aun es difícil traducir cómo esto opera en las vidas cotidianas de las personas; y las particularidades locales de los distintos reclamos complejiza la transversalización de la problemática. Cómo generar un encuentro que permita la producción colectiva de respuestas creativas es el gran desafío que el movimiento ambiental tiene por delante.
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