En Argentina, durante las aceleradas primeras décadas del siglo XXI, múltiples discusiones, reformas vinculadas al trabajo y la previsión jubilatoria, estuvieron relacionadas con distintas crisis en la economía local. Como así también, mediadas por el cambio técnico a nivel global, la robotización, la masificación reciente del modelo de plataformas de reparto y movilidad, o el fantasma de la inteligencia artificial en la economía.
Hoy, los cambios globales se reflejan en la reforma laboral, en la movilidad jubilatoria indexada a la inflación con un bono congelado y en otras partidas guiadas por la regla fiscal que el gobierno repite como mantra. En ese marco, los puntos críticos del mundo del trabajo se expresan en el sistema previsional, bajo acecho del Fondo Monetario Internacional.
No hace falta demasiada especulación para suponer que el organismo, del que Argentina es el principal deudor desde 2018, exige garantías de sostenibilidad del superávit en un contexto de ajuste fiscal basado en la suspensión de la obra pública, la caída del salario público nacional (-37% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026) y recortes en programas de salud, como la provisión de medicamentos para jubilados o la escasez de vacunas en varias provincias.
A su vez, ese ajuste se ve tensionado por una recaudación en niveles mínimos, producto de la demanda contenida, con paritarias limitadas, y del crecimiento de la informalidad, en parte habilitada por nuevas regulaciones. En paralelo, se configura una relación tensa entre la defensa de principios constitucionales en materia laboral, impulsada por el Congreso y la Justicia, las distintas formas de protesta social e institucional frente a las reformas y una dinámica del Poder Ejecutivo orientada a vetar o no aplicar las definiciones legales alcanzadas.
FMI, ajuste fiscal y reforma laboral: impactos sobre el superávit, el financiamiento previsional y la redistribución del gasto público
Las recientes negociaciones con el FMI destrabaron un desembolso congelado desde fines de 2025, se flexibilizó a la baja el superávit primario exigido sujeto a revisión del staff del organismo de un 2,2% del PBI a 1,5%, en parte por los efectos procíclicos del ajuste que afectan negativamente a la recaudación.
Los efectos económicos de la reforma laboral se insertan en la dinámica general descripta y tiene múltiples elementos en común con la estabilidad de los noventa en cuanto a la metodología de desfinanciar para justificar privatizaciones, desregulación masiva en sustitución de la planificación del desarrollo por parte del estado que profundiza las dinámicas de fragmentación laboral y el desfinanciamiento público
Gasto anual en rubros seleccionados
(En millones de dólares)
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) implica que ANSES perderá USD 2.600 millones al año de los fondos para jubilaciones. Desde el Instituto Argentina Grande estimamos la caída en los recursos del sistema previsional en USD 2600 millones anuales o un 0,37% del PBI. Estos recursos que el Estado resigna para financiar los despidos es mayor a la suma del presupuesto 2026 de Ciencia y Tecnología, el mantenimiento de rutas de PBA, un nuevo satélite, el sistema penal y el del Hospital Garrahan, por ejemplo. En la versión que pasó por el Senado, el proyecto de modernización laboral prevé que las PYMES destinen un 2,5% de la remuneración al Fondo de Asistencia Laboral mientras que las grandes compañías aportarán un 1%.
Pérdida de derechos y resistencias: el nuevo escenario del trabajo en Argentina
El proyecto de ley plantea una reforma laboral de carácter procíclico que flexibiliza condiciones en perjuicio de los trabajadores, especialmente en contextos recesivos. Presenta debilidades en la transparencia algorítmica para trabajadores de plataformas y reduce protecciones básicas al no garantizar seguro por accidentes, cobertura de salud ni aportes jubilatorios. Introduce mecanismos como los “bancos de horas”, que reemplazan el pago de horas extras, elimina descansos mínimos entre jornadas y flexibiliza el régimen de vacaciones, afectando ingresos y organización familiar.
Además, reduce significativamente las contribuciones patronales, favorece a grandes empresas al excluir ciertos componentes salariales del cálculo de aportes e indemnizaciones, limita la responsabilidad empresaria en esquemas de tercerización y prioriza convenios por empresa sobre los sectoriales, debilitando la negociación colectiva y ampliando las desigualdades laborales. Estas tensiones, entre otras, son las que alimentan los frentes de oposición a la reforma.
La resistencia se articula por múltiples vías, combinando acción sindical y decisiones judiciales que buscan poner límites a su implementación. La CGT frenó provisoriamente aspectos centrales mediante una cautelar, cuestionando su constitucionalidad y el retroceso en derechos laborales y colectivos. A su vez, distintos fallos, incluido el de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, refuerzan esa resistencia al reconocer relaciones de dependencia allí donde las plataformas presentan a los trabajadores como “independientes”. En este escenario, las intervenciones judiciales, los controles institucionales, las medidas de fuerza y las protestas sostenidas configuran una disputa abierta, donde el gobierno se mueve en el margen de la ley y la manifestación pública se vuelve central para construir un sentido de época.
Jubilaciones, desigualdad y sostenibilidad: tensiones estructurales del sistema previsional
El sistema de seguridad social argentino combina prestaciones contributivas, financiadas principalmente por aportes de trabajadores y empleadores, con políticas no contributivas orientadas a ampliar la cobertura. Incluye programas focalizados y mecanismos de alcance amplio en la niñez y la vejez, aunque mantiene vacíos importantes en la población adulta en edad activa, en gran parte por la persistencia de altos niveles de informalidad laboral. Entre sus rasgos centrales se destacan el financiamiento solidario entre trabajadores activos y jubilados y la administración centralizada a través de ANSES, que alcanzó cerca del 98% de cobertura en personas mayores en 2015 gracias a las moratorias previsionales.
Sin embargo, sucesivas reducciones de aportes patronales y cambios tributarios debilitaron las fuentes de financiamiento del sistema. A esto se suman modificaciones en la fórmula de movilidad que deterioraron el poder adquisitivo de las jubilaciones en contextos de alta inflación. En paralelo, políticas como la Asignación Universal por Hijo, PROGRESAR y los programas de inclusión previsional ampliaron el acceso a derechos sociales y redujeron brechas de ingreso. Aun así, persisten desigualdades estructurales vinculadas al empleo formal, el reconocimiento de las tareas de cuidado y las limitaciones de un modelo productivo que debe enfrentar los desafíos del cambio tecnológico y el envejecimiento poblacional.
En este contexto, el aumento de la esperanza de vida introduce nuevas tensiones sobre el sistema, pero no puede analizarse únicamente en términos de longevidad. Más que una variable demográfica aislada, expresa condiciones desiguales de vida: en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, existen brechas de más de diez años entre zonas cercanas al Riachuelo y los barrios más ricos. Esta diferencia funciona como un mecanismo de regresividad oculto, ya que los sectores de mayores ingresos perciben jubilaciones durante más tiempo. A su vez, la caída de la natalidad, aunque presente en el debate público, no impacta en el corto plazo sobre el déficit previsional, dado que las cohortes más reducidas aún no alcanzan la edad de ingreso al mercado laboral.
Entre la automatización y la informalidad
La idea de que los robots o la inteligencia artificial van a reemplazar el trabajo humano es, en gran medida, una verdad a medias que oculta un problema más profundo en países como Argentina. En una economía cada vez más orientada al negocio financiero y la especulación, amplios sectores de la población quedan relegados como “excedentes” de un sistema que ya no los integra plenamente. En ese contexto, el autoempleo aparece más como un refugio frente al desempleo que como una opción genuina.
El problema central en América Latina no es el reemplazo tecnológico, sino la persistencia de la precarización y los bajos salarios, que vuelven más rentable para las empresas sostener esquemas de informalidad que invertir en innovación. Esta lógica se profundizó con reformas que, bajo el discurso de la modernización, debilitaron la protección social. El desfinanciamiento del sistema previsional, a través de la reducción de aportes patronales y el uso de fondos para otros fines, terminó construyendo una crisis que luego se utilizó para justificar recortes de derechos. De allí emergen prestaciones deterioradas y esquemas que penalizan trayectorias laborales marcadas por la informalidad.
En este escenario, el eje del debate no debería centrarse en el avance tecnológico, sino en el modelo de desarrollo que organiza el trabajo y distribuye riesgos. Más allá de los problemas de crecimiento, surgen preguntas estructurales: ¿cómo generar mecanismos de recaudación más progresivos?, ¿de qué manera regular las plataformas y los monopolios del conocimiento?, ¿qué modelo productivo puede sostener un sistema previsional inclusivo?, ¿y qué rol debe asumir el Estado frente a estas transformaciones? Interrogantes que, lejos de ser abstractos, definen el horizonte posible de derechos y condiciones de vida.
La discusión que atraviesa esta nota no es académica ni exclusivamente técnica. Forma parte de un debate público más amplio que busca dar sentido a transformaciones profundas que impactan directamente en la vida cotidiana. En un contexto atravesado por la velocidad de las redes y la fragmentación del debate, estos procesos exigen ser abordados con perspectiva y profundidad. En ese escenario, lo que está en disputa excede una reforma puntual o un ajuste coyuntural: es la definición misma del modelo de país que se está construyendo en el presente.
Muy buen repaso de la realidad deo mundo laboral y el deterioro constante de las condiciones de los trabajadores.