A 50 años del golpe de 1976, la memoria argentina sigue revelando historias silenciadas. La consigna 30.400 visibiliza la persecución a las disidencias sexuales durante la dictadura y amplía el horizonte de los derechos humanos en un contexto político donde el consenso sobre el terrorismo de Estado vuelve a ser cuestionado.
Cada 24 de marzo la sociedad argentina vuelve a las calles para sostener una de las decisiones políticas más profundas que tomó la democracia: que el terrorismo de Estado no puede ser relativizado ni olvidado. En el marco de los 50 años del golpe de 1976, la memoria vuelve a ocupar el centro de la escena pública. Y lo hace en un contexto particular: mientras el gobierno de Javier Milei cuestiona públicamente la cifra de desaparecidos, otras voces y otras luchas siguen ampliando el horizonte de esa memoria colectiva.
La cifra de 30.000 detenidos-desaparecidos se consolidó con el tiempo como uno de los símbolos más potentes del consenso democrático construido en Argentina. Durante décadas, los organismos de derechos humanos lograron transformar el dolor y la ausencia en una política pública de memoria, verdad y justicia que se convirtió en referencia internacional.
En los últimos años, sin embargo, comenzó a circular con mayor visibilidad otra consigna: 30.400 desaparecidxs. Lejos de tratarse de una discusión meramente numérica, la referencia busca visibilizar una dimensión de la represión que durante mucho tiempo quedó fuera del relato público: la persecución, detención y desaparición de personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis-tras y otras identidades durante la última dictadura cívico-militar.
Más que una cifra cerrada, el número funciona como una intervención política en el campo de la memoria. Señala que el terrorismo de Estado también operó sobre cuerpos, deseos e identidades que desafiaban el orden moral que la dictadura pretendía imponer.
La memoria que todavía se expande
La referencia a los “400” aparece citada por el activista Carlos Jáuregui en su libro La homosexualidad en Argentina (1987). Allí relata que el rabino Marshall Meyer, integrante de la CONADEP, le habría mencionado que entre las denuncias recibidas existían alrededor de cuatrocientas personas homosexuales desaparecidas.
Ese dato nunca fue incorporado explícitamente al informe Nunca Más. En parte porque no existía ninguna categoría institucional que registrara orientación sexual o identidad de género en las denuncias. El clima social de la época, atravesado por prejuicios y silencios, también contribuyó a esa invisibilización. Muchas identidades quedaron ocultas por sus propias familias o diluidas dentro de organizaciones políticas donde la diversidad sexual todavía era un tema incómodo.
La memoria del terrorismo de Estado, como toda memoria social, no es un archivo cerrado. Se reconstruye con el paso del tiempo, a medida que aparecen nuevas preguntas, nuevos testimonios y nuevas formas de nombrar lo ocurrido.
En ese proceso, el trabajo del Archivo de la Memoria Trans resultó fundamental para recuperar historias que habían quedado fuera del relato oficial. El proyecto reúne fotografías, documentos y testimonios que reconstruyen la vida de travestis y trans que sobrevivieron a la violencia institucional, a la clandestinidad y a la exclusión social.
Desde ese espacio suelen insistir en que recordar también implica nombrar lo que fue borrado. Porque sin memoria — sostienen activistas — tampoco puede haber reparación ni justicia para quienes durante décadas fueron perseguidas por su identidad.
Sexualidades bajo vigilancia
Durante la dictadura, la represión no se limitó a la persecución de militantes políticos, también se consolidó un régimen de control moral y policial sobre las sexualidades. Detenciones arbitrarias en la vía pública, hostigamiento policial, fichaje de personas “homosexuales” o “travestis” y distintas formas de violencia institucional formaban parte de una persecución cotidiana contra quienes desafiaban las normas sexuales dominantes.
Ese clima represivo no comenzó en 1976 ni desapareció automáticamente con el retorno democrático en 1983. Durante años, normas contravencionales heredadas del período autoritario siguieron siendo utilizadas para perseguir identidades disidentes.
Las luchas del movimiento LGBTQ+ argentino se entrelazaron con el proceso más amplio de ampliación de derechos que atravesó al país desde el retorno democrático. Activistas como Lohana Berkins, Claudia Pía Baudracco, Ilse Fuskova, Diana Sacayán o el propio Carlos Jáuregui insistieron durante años en que los derechos de las personas LGBTQ+ debían ser pensados como parte de la agenda de los derechos humanos.
La conquista del matrimonio igualitario en 2010 y la ley de identidad de género en 2012 no fueron procesos aislados. Formaron parte de una tradición política que entiende que la democracia se fortalece cuando amplía derechos y reconoce a quienes históricamente quedaron en los márgenes. En ese sentido, la memoria también es una disputa sobre quiénes forman parte de la historia común.
La disputa por el sentido de la memoria
Este 24 de marzo se produce en un contexto político atravesado por intentos de relativizar el consenso democrático construido en torno al terrorismo de Estado. El presidente Javier Milei ha cuestionado públicamente la cifra de 30.000 desaparecidos y ha promovido interpretaciones del pasado que buscan poner en discusión la magnitud de la represión.
La discusión sobre el número suele presentarse como un debate estadístico. Sin embargo, la propia lógica del terrorismo de Estado impide reducirlo a una simple contabilidad. La represión fue clandestina, ilegal y deliberadamente opaca: muchos crímenes no quedaron registrados y muchos cuerpos todavía no fueron encontrados. Por eso la cifra funciona también como una forma de señalar aquello que el propio Estado aún no ha podido o no ha querido revelar (tal como lo plantea el escritor Martín Kohan).
El número, en ese sentido, no sólo nombra una tragedia histórica, también señala una responsabilidad estatal que sigue pendiente de respuesta. Las luchas del movimiento LGBTQ+ aportaron una perspectiva que amplía el horizonte de los derechos humanos en la Argentina. Recordar también implica reconocer a quienes durante mucho tiempo quedaron fuera de la historia.
Consignas como 30.400 no buscan disputar el sentido de la memoria construida durante décadas, sino ampliarla. Señalan que el terrorismo de Estado también operó sobre cuerpos y deseos que desafiaban el orden moral que la dictadura pretendía imponer. A 50 años del golpe, la memoria no es sólo un ejercicio sobre el pasado. Es una forma de defender el presente frente al negacionismo y de sostener la promesa democrática del Nunca Más.
